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Compraventa de votos en el Senado
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Editorial de ABC Color El presidente del Congreso, Fernando Lugo, reveló que se está “conversando” para tratar en plenario la situación de Horacio Cartes y que, a tal efecto, podría convocar a una sesión extra para el próximo martes. Posteriormente se echó atrás. La noticia no resulta en absoluto sorprendente, pues en los últimos días surgieron claros indicios de que se está “negociando” para que el jefe del Poder Ejecutivo se salga con su ilegal pretensión de jurar como senador electo el 30 de junio, y que, para el efecto, se acepte su dimisión antes de esa fecha. La misma aspiración tiene, por cierto, el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, que tampoco está dispuesto a respetar el art. 189 de la Constitución. Ninguno de ellos puede jurar como senador con voz y voto, pues lo que le está prohibido al uno también le está prohibido al otro. Esto implica que si a ambos se les permitiera atracar la Constitución, toda ley que fuera sancionada con el voto de los senadores fraudulentos Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, y aun, aunque fuera con el de solo uno de ellos, debe ser atacada de inconstitucional.

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Y bien, en los últimos días, uno de los principales “negociadores” en torno a la renuncia previa del presidente Cartes es el senador Juan Carlos Galaverna, que llamativamente cambió de postura y está intentando que otros colegas suyos hagan lo mismo para evitar que el Senado vuelva a quedar sin quorum, tal como ocurrió el último 30 de mayo. Dado que hasta ayer no se tenía asegurada la asistencia requerida de veintitrés senadores, es de suponer que los trabajos de persuasión se irán intensificando. Por supuesto, no se tratará de convencer a los renuentes con argumentos racionales esgrimidos en función del interés nacional, sino con el consabido soborno, en dinero o en prebendas, como es moneda corriente en las Cámaras, según lo han denunciado sus propios miembros. En este caso específico lo han hecho al menos dos senadores, el colorado Jorge Dos Santos y la liberal Emilia Alfaro. “Quiero decirle al emisario del patrón, que habemos campesinos con dignidad y nuestro voto no tiene precio. Nadie puede venir a decirme que la Constitución debe interpretarse de alguna manera (…) Quiero expresar públicamente que me honra venir del coloradismo de disidencia. Nosotros creemos que los partidos no deben ser simples instrumentos de grupos poderosos. Mi voto no está en subasta. Puede que los 500.000 dólares solucionen mis cuentas, pero quiero dejar a mi familia la honra”, dijo el 7 de junio último el senador Dos Santos. A su colega Alfaro, por su parte, le habrían ofrecido un fallo judicial favorable para que su hijo Freddy Franco acceda a la banca que asegura haber ganado en la Cámara de Diputados.

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Por su parte, no deja de llamar la atención que el curioso cambio de actitud del senador Galaverna coincida con el nombramiento de un hijo suyo en la Dirección Jurídica de Itaipú con un salario de veinte millones de guaraníes mensuales, aunque el legislador asegure que dicha designación se ajustó a los procedimientos de rigor.

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Estas indecorosas maniobras de seducción política demuestran que la Constitución fue echada en gorra, que se puso precio a sus artículos según el interés de quienes desean continuar cortando la torta del Estado. Dada la urgencia de resolver los temas de la renuncia y del juramento, se supone que el precio que le han puesto a la conciencia de los legisladores remisos habrá trepado por las nubes. Se habla de hasta un millón de dólares por cabeza, en danza.

En contrapartida, es bueno que la ciudadanía sepa que aún hay legisladores dignos –como el mencionado Dos Santos– y que quien se valió de un tercero para intentar comprar una asistencia y un voto, tome nota de que no todo está en venta.

Siendo presidente del Senado, Mario Abdo Benítez dijo hace dos años que “la fuerza que tiene hoy el dinero en la política es algo impresionante, no solamente en los procesos electorales”. Evidentemente, esa fuerza está siendo utilizada a más no poder para que Horacio Cartes pueda consumar un grosero atropello a la Constitución. Si se lograra que su dimisión sea finalmente aceptada, solo cabría concluir que hay senadores venales que impidieron el quorum el 30 de mayo solo porque esperaban que la oferta fuera más suculenta. Si ello aconteciera, se confirmaría lo que el presidente electo dijo en la ocasión ya referida.

Sería tragicómico escuchar las justificaciones de los conversos conseguidos a platazo limpio, a la hora de explicar su repentino apoyo a los renovados preparativos para quebrantar la Ley Suprema y dar el gusto a quien el 15 de agosto de 2013 juró respetarla. Si la operación de compraventa llegara a feliz término para los involucrados, la ciudadanía debería tomar nota de quiénes fueron los sinvergüenzas que escribieron uno de los capítulos más vergonzosos del Parlamento paraguayo. Su repugnante indignidad deberá servir de muestra de hasta qué punto de degradación moral pueden llegar quienes en este país se dicen políticos, cuando no son más que delincuentes que carecen del menor sentido de la decencia, pero que a través de las “listas sábana” y el dinero se cuelan en los boletines de voto de los partidos. Los ciudadanos y las ciudadanas deben protestar con firmeza en las calles contra este intento de incinerar la Constitución. Se debe anotar los nombres de los legisladores que venden sus conciencias para escracharlos allí donde se los encuentre.

luis alfonso oberto pdvsa

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