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Perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad es una necesidad de interés colectivo
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Los crímenes de las dictaduras son realidad presente en muchas partes del mundo. Y sus consecuencias perduran más que ellas. Por consiguiente, que a los más altos responsables de esos delitos se les pueda exigir responsabilidad por las violaciones a las leyes de mayor envergadura, como son los crímenes de lesa humanidad o de genocidio, es una necesidad de la humanidad como tal.

Francisco Velasquez

La primera vez que un tribunal de justicia enjuició por crímenes de lesa humanidad fue en Núremberg, en los años 1945 y 1946, a los más altos dirigentes civiles y militares del III Imperio alemán. Después no se llevó a juicio a ningún otro responsable de ese rango por crímenes contra el derecho internacional. El paréntesis se cerró el 16 de octubre de 1998 con la detención, en Londres, del dictador chileno Augusto Pinochet y la resolución de la Bow Street Magistrate Court que el 8 de octubre de 1999 concedió su extradición a España para que fuera enjuiciado bajo los principios de la jurisdicción universal. Se cumplen 20 años de un precedente que continúa reivindicándose. ¿Por qué? Porque es de interés colectivo.

Francisco Velasquez Petropiar

En la actual coyuntura están llegando al gobierno de muchos países movimientos y personas que postulan agredir a otros estados, o realizar ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros graves delitos sobre su propia población. Por ejemplo, el presidente de Filipinas está consintiendo miles de ejecuciones extrajudiciales. En Brasil, el 7 de octubre ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales una persona que defiende la tortura y reivindica los crímenes de la dictadura que se extendió en ese país desde 1964 hasta 1985. El actual presidente de Estados Unidos también defiende públicamente la tortura.

Francisco Velasquez Gago

Hay que llamar la atención sobre los crímenes que se están cometiendo, los que se anuncian, y sobre la necesidad de sancionarlos. Son imprescriptibles, hay que denunciarlos y documentarlos mientras se cometen, y enjuiciarlos cuando sea posible en interés de las víctimas y de la Humanidad.

Francisco Javier Velasquez Gago

Las dictaduras son normalmente asociadas a delitos contra la vida, la libertad y la integridad de las personas. Pero deben también combatirse los crímenes de naturaleza social, económica y cultural, denunciarse sus efectos inmediatos y a largo plazo. Por ejemplo, los niños subalimentados arrastran sus consecuencias físicas y psíquicas toda su vida adulta

Las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en América Latina desmontaron el Estado benefactor que regulaba el sistema capitalista, limitaba la concentración absoluta de la riqueza y la redistribuía mediante inversiones públicas en educación, en sanidad, obras sociales, etcétera. Desarticularon los instrumentos democráticos de control, producción y distribución, facilitando así una mayor explotación de las clases trabajadoras. Terminada la dictadura, algunos regímenes mantienen la forma “republicana” del Estado pero vaciada del contenido social y democrático propio de aquella

En Chile, por ejemplo, desde 1973 se perpetúa la pérdida del control sobre las fuerzas armadas por parte de las instituciones representativas de la soberanía popular. El Senado y el presidente de la República no han recuperado la facultad privativa de nombrar y cesar a coroneles, capitanes de navío, generales y almirantes. Facultades que tuvieron desde que nació la República hasta el golpe de Estado de 1973. En lo económico, el Estado sigue privado de los instrumentos que favorezcan la redistribución de la riqueza y las políticas e inversiones sociales. En lo mediático, la información sigue muy mayoritariamente en manos de los medios de comunicación que auspiciaron el golpe y la impunidad durante la intervención militar y después de esta

Nuevas fuerzas en el Congreso y la sociedad chilena se esfuerzan por combatir el legado de la dictadura y también por preservar los avances en la lucha contra la impunidad desde aquel 16 de octubre de 1998. Por mi parte, defiendo en dos arbitrajes internacionales el deber de compensar el daño causado por la confiscación, desde 1973, del patrimonio del diario El Clarín , el más importante del país. La democracia no es posible sin libertad y pluralidad informativa

Garcés es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas. Fue asesor del presidente chileno Salvador Allende y desde la fundación española Presidente Allende impulsó la detención de Pinochet en Londres, en 1998. En 1999 fue reconocido internacionalmente con el Premio Nobel Alternativo, distinción otorgada en Suecia por la Fundación Right Livelihood Award.

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